Dina Boluarte juró como la primera presidente de Perú el pasado 7 de diciembre, esto en los doscientos años de Perú como república independiente. Ella vino a tomar cargo tras la destitución de Pedro Castillo por “incapacidad moral”, la cual ocurrió después de un intento del ex presidente de cerrar el Congreso. Ella había sido elegida en 2021 por el mismo Castillo como su vicepresidenta.

Dina rechazó el intento de su predecesor de lo que ella definió como “perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso”. Pidió al asumir el poder una tregua entre los partidos políticos del país para regresar la unidad y el crecimiento económico.
Castillo anunció la disolución del Congreso, instauró un gobierno de emergencia, e impuso un toque de queda nacional de inmediato. Se dirigió al pueblo peruano en un discurso televisivo. Algunos analistas definieron esto como un autogolpe de estado. Esto provocó su detención después de su destitución.

“Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción, de restablecer el Estado de derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución”,
dijo en su discurso.
El objetivo del ex mandatario era evitar una sesión programada del Congreso en la que se votaría una moción de vacancia en su contra. Su anuncio derivó en que los legisladores declararan la vacancia del presidente, por “incapacidad moral”, con 101 votos a favor. Tenía cargos de corrupción en su contra. El Congreso programó la tercera votación de juicio político contra el ex mandatario, después de sus amenazas con disolver el Congreso el mes pasado.
El tribunal más alto de Perú declaró anti constitucional la medida. Además, no obtuvo el apoyo necesario ni de la policía ni de los militares para perpetuarse. Dicho tribunal también solicitó a las Fuerzas Armadas que “restablecieran el orden”.


Si bien las acciones de Castillo derivaron en la renuncia de algunos de sus ministros, otros ya estaban renunciando desde antes. Por ejemplo, su ministro de defensa renunció el pasado sábado 3 de diciembre, citando “motivos personales”. Con esa renuncia, incrementaron los rumores de un golpe militar. Luego vino la renuncia del embajador peruano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth Mejía. Justificó su renuncia en la “ruptura” del orden constitucional después del intento de Castillo. Fue uno de los funcionarios que renunciaron a raíz de las acciones del ex presidente. Otros de los funcionarios que renunciaron en masa, como el de Relaciones Exteriores, o el de Trabajo y Economía.
Castillo terminó siendo destituido y detenido. El Congreso ya había intentado destituirlo desde su llegada al poder. No obstante, en ninguna de las dos oportunidades obtuvieron los votos necesarios para hacerlo.



La embajada de Estados Unidos en Perú condenó al ex mandatario peruano.
Perú lleva años ha seguido convulsionado por los escándalos de corrupción que han resultado en la destitución de seis presidentes desde 2016.
De acuerdo con mi amigo Xavier Leyva, experto en América Latina, el problema real de Perú, es que desde 2016 van puros procesos de vacancia, sin que una persona pueda completar su mandato presidencial debido a las interferencias del congreso, que es de mayoría fujimorista. Xavier considera al Congreso como el principal obstáculo para retornar a la democracia. Ahora, habrá que ver si Boluarte logra conciliarse con el Congreso, y a la ciudadanía. Esta última no ha tenido voz en estos conflictos. Xavier considera que la solución es que la oposición a Fujimori estuviese más unida, proponiendo solamente una candidatura presidencial, que obtenga más apoyo, y sea más moderada ideológicamente.
No dejen de escuchar el podcast en el que entrevisté a mi amigo Xavier.
El intento de Castillo recordó a una estrategia similar implementada por Fujimori hace treinta años. Había sido elegido de manera democrática en 1990, pero dos años más tarde dio un auto golpe de estado con apoyo de los militares. Disolvió el congreso y se perpetuó en el poder hasta el año 2000.
Las consecuencias de las acciones de Castillo fueron definidas como “la mayor crisis política en años”.
Cabe mencionar que Boluarte no es muy conocida, y los peruanos prefieren convocar a nuevas elecciones.
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